«TRONADO»

Auditoría federal al Cobach revela desastre financiero; podría cerrar sus puertas

Después de casi cuatro décadas de haber sido fundado y consolidado como una de las más prestigiosas instituciones de educación media superior, el Colegio de Bachilleres de Sonora está en riesgo de cerrar sus puertas. Lo anterior, admitido por el propio director General, Julio Alfonso Martínez Domínguez.

Los malos manejos financieros de la actual administración han provocado que el gobierno federal ponga la lupa sobre el sistema Cobach-Sonora, donde encontró un desastre administrativo en el manejo del presupuesto 2012. Y adelantan que en la revisión de la cuenta pública 2013, el desastre es aún mayor.

La Auditoría Superior de la federación está exigiendo al director general del sistema Cobach-Sonora, Julio Alfonso Martínez Romero reintegre más de 232 millones de pesos correspondientes a recursos federales del ejercicio fiscal 2012, cuya aplicación no pudo comprobar correctamente, después de practicar una auditoría.

El monto es escandaloso, considerando que el Colegio de Bachilleres opera con un presupuesto anual de 334 millones de pesos procedente de la federación.

Por si fuera poco, el director de la institución, Julio Alfonso Martínez admite, en un oficio enviado al subsecretario de Educación Media Superior, Rodolfo Tuirán Gutiérrez que efectivamente, “el Colegio operó ciertas prestaciones y puestos no autorizados”.

El Zancudo tuvo acceso al documento que contiene los resultados de la auditoría realizada a las áreas de la Secretaría de Hacienda estatal encargadas de recibir y transferir los recursos federales, y a las áreas del Cobach encargadas de administrar y ejercer los recursos federales transferidos para el fortalecimiento de la educación media superior.

El desorden administrativo es tal, que la ASF les está exigiendo la devolución de recursos por 232 millones de pesos, mientras el director del sistema Cobach reconoce en su misiva que la institución carece de esos recursos y si los tuviera, reintegrarlos al gobierno federal tendría como consecuencia la paralización de actividades de la institución.

El texto del oficio enviado a la autoridad federal (DG/716-13), por Martínez Romero no tiene desperdicio: admite malos manejos administrativos, sostiene que carece de recursos y solicita el perdón de las autoridades hacendarias.

Aquí unas de esas líneas: “De las observaciones resultantes, la que corresponde a la revisión de prestaciones con número de resultado 21 y la 22 que corresponde a la revisión de plazas o categorías de personal, de acuerdo a los resultados de la revisión, implican para el Colegio la obligación de reintegrar fondos federales por un total de 232 millones de pesos.

“Si bien es cierto, el Colegio operó ciertas prestaciones y puestos no autorizados, en términos generales se ejerció el recurso de acuerdo al destino para el cual fue etiquetado, es decir, se aplicó el 100% del recurso etiquetado para Servicios Personales, en Servicios Personales” (SIC).

Y sigue: “Resulta obvio comentarle que no contamos con la cantidad estimada para devolución, y en caso de que contáramos con ella, la devolución de la cantidad mencionada tendría como consecuencia la paralización de las actividades de la institución, considerando como punto de comparación, que operamos para gastos de materiales, servicios y bienes con un presupuesto anual de aproximadamente 100 millones de pesos”.

Enseguida, el señor Martínez Romero solicita “el valioso apoyo” de la subsecretaría de Educación Media Superior, valide las irregularidades detectadas, para que sean solventadas por la instancia fiscalizadora.

A cambio de ello, asegura, “nos comprometemos a presentar a esa subsecretaría, a la mayor brevedad posible (¿Les resulta familiar?) una propuesta de revisión de las estructuras orgánica y ocupacional del Colegio de Bachilleres, con la intención de que en futuras revisiones no reincidir en las observaciones levantadas en la auditoría en comento. Asimismo, iniciaremos de inmediato una reestructuración interna, también con el propósito de atender el mayor número de situaciones irregulares detectadas en la revisión”.

En resumen, lo que el director de Cobach solicita es que la subsecretaría de Educación Media Superior se haga de la vista gorda y decline su obligación de solicitar la devolución de 232 millones de pesos correspondientes al presupuesto 2102, cuyo destino no fue suficientemente aclarado.

A continuación, un recuento de esas irregularidades, extraído del documento que contiene los resultados de la auditoría al Cobach.

1.- Ni la SH ni Cobach utilizaron una cuenta bancaria específica para administrar los recursos federales; abrieron tres cuentas y mezclaron esos recursos con otras partidas, dificultando el rastreo de los mismos.

2.- La Secretaría no proporcionó el Formato Único capturado en el Portal Aplicativo de la SHCP, ni la publicación de los informes trimestrales en su página de internet u otros medios locales de difusión.

3.- La Secretaría no transfirió al COBACH el total de las ministraciones de los recursos federales radicados por la Tesorería de la Federación.

4.- La Secretaría no presentó la información respecto a los registros contables de los recursos del Convenio.

5.- La Secretaría no proporcionó evidencia de haber realizado los trabajos correspondientes para implementar el Sistema de Armonización Contable.

6.- La Secretaría no cumplió con el porcentaje de aportaciones de recursos estatales establecidas en el Convenio.

7.- La Secretaría y el COBACH no han implementado acciones para contar con un programa de actualización y mejora de los controles internos.

8.- En el COBACH se desconoce el marco normativo que rige la aplicación de los recursos del Convenio Marco.

9.- El COBACH no proporcionó información respecto a la aplicación de los rendimientos financieros.

10.- El COBACH no presentó documentación comprobatoria y aplicó recursos en conceptos que no corresponden con el objetivo del convenio.

Derivado de todas estas observaciones, la AFS emite, por principio de cuentas, una recomendación a la SEP para que instruya a quien corresponda a fin de actualizar anualmente el Convenio Marco de Coordinación, a través de un anexo que especifique el destino del recurso y su calendario de ministración.

En otro punto, se comprobó que el Gobierno del Estado de Sonora, a través de su Secretaría de Hacienda, abrió tres cuentas bancarias productivas en las que en los meses de enero a diciembre de 2012 y en enero y febrero de 2013 ingresó el subsidio federal por 326 millones de pesos y 18 millones más que suman 344.3 millones de pesos; sin embargo, no fueron específicas, debido a que se registraron ingresos de otras fuentes de financiamiento por 3.4 mdp; asimismo, no proporcionó los estados de cuenta bancarios de agosto y diciembre de 2012 y de enero a mayo de 2013 de una de tres cuentas bancarias.

El Gobierno del Estado de Sonora, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó los estados de cuenta bancarios observados; sin embargo, faltaron los correspondientes a la segunda cuenta que se observó; asimismo, está pendiente el inicio del procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos, con lo que solventó parcialmente lo observado.

Por tal motivo, la AFS emitió una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria ante la Secretaría de la Contraloría General del Estado para que investigue e inicie el procedimiento administrativo correspondiente por actos u omisiones de los funcionarios públicos involucrados en este tema.

Nota: Todas las irregularidades encontradas por la AFS fueron turnadas a la Contraloría estatal donde, como el avezado lector, la suspicaz lectora suponen, y suponen bien, les habrán de dar carpetazo. Sin embargo, la autoridad federal también establece un plazo a la Contralora María Guadalupe Ruiz Durazo para que resuelva sobre los asuntos turnados. Si no lo hace, es la propia Tesorería Federal la instancia que se aboca a rastrear ese recurso y toma las medidas pertinentes.

Y es que esas irregularidades no son cualquier cosa. Entre otras:

-Se presume probable daño o perjuicio a la Hacienda Federal por 6.2 mdp que no fueron transferidos al Cobach, por la SH estatal. Se solicita reintegración.

-Se comprobó que Cobach abrió tres cuentas bancarias a las que ingresó recursos federales por 338 mdp, pero también ingresó en ellas 105 mdp por recursos propios, lo cual derivó en otra Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.

-La cuenta bancaria utilizada por el Cobach para ingresar recursos federales transferidos de enero 2012 a febrero 2013 generó rendimientos por 1.9 mdp cuyo ejercicio no fue comprobado. Tampoco se proporcionaron estados de cuenta de los meses de abril y junio 2012.

-La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado no proporcionó los registros contables del ingreso de las ministraciones federales remitidas por la TESOFE por 338,215.5 miles de pesos de enero del 2012 a febrero del 2013, aunque en el transcurso de la auditoría solventó lo observado con la presentación de un auxiliar de cuentas.

-En la revisión de los conceptos de reembolso de viáticos, contratación de televisión por cable y gastos por comprobar del COBACH, se observó que no se cuenta con la documentación comprobatoria correspondiente por 1.7 mdp.

El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, envió documentación comprobatoria por 400 mil pesos, y quedó pendiente por comprobar 1.3 mdp, con lo que solventa parcialmente lo observado.

-Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 1,322,827.46 pesos (un millón trescientos veintidós mil ochocientos veintisiete pesos 46/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, por falta de documentación comprobatoria.

-Se verificó que los pagos de cuotas y aportaciones de empleados del COBACH, por 139,716.0 miles de pesos, fueron enterados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON).

-Se verificó que las prestaciones no autorizadas y registradas en las nóminas del COBACH por un total de 368.4 mdp (recursos federal y estatal y propios) se refrendan conforme a los lineamientos y criterios que establece la SHCP; al respecto, se observó que de 17 prestaciones, 12 no están autorizadas y cinco no cuentan con el soporte de la misma, por 208.9 mdp, los cuales corresponden al 56.7% de la aportación federal a diciembre de 2012.

-Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 208,923,668.94 pesos (doscientos ocho millones novecientos veintitrés mil seiscientos sesenta y ocho pesos 94/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, debido a que el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora realizó el pago de 12 prestaciones que no están autorizadas y cinco no cuentan con el soporte correspondiente.

-Se observó la existencia de nueve plazas que no se encuentran autorizadas en el catálogo de puestos ni en el tabulador autorizado y analítico de servicios personales de la Secretaría de Educación Pública, en las cuales el COBACH, en el periodo enero-diciembre 2012, ejerció recursos por 4,437.6 miles de pesos que corresponden al 56.7% de la aportación federal.

Hay, en el documento, muchas más observaciones sobre probable mal uso de recursos federales, que la AFS está solicitando le sean reintegrados, lo que, de suceder, obligaría al Cobach a suspender actividades, según el dicho de su propio Director General.

Y si eso se detectó en el presupuesto 2012, la revisión presupuestal de 2013, según adelantan los enterados, viene mucho peor. Por lo pronto, la pelota está en la cancha de la contralora “ciudadana”, María Guadalupe Ruiz Durazo.

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