Se suma el Congreso del Estado al combate frontal a la corrupción

El Estado de Sonora se convirtió en una de las primeras entidades en contar con un Sistema Estatal Anticorrupción, al aprobar el Pleno del Congreso la Ley que reforma diversas disposiciones de la Constitución local, entre las que destaca la creación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora especializada en delitos electorales y de anticorrupción. Esta Soberanía se suma entonces al combate frontal a la corrupción, lo que permitirá al Estado avanzar de manera sólida a consolidar el equilibrio de poderes y a equilibrar el fortalecimiento institucional, además de establecer la obligación de presentar la declaración 3 de 3 a los servidores públicos del Estado. Este día se clausuró el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura y se eligió a la mesa directiva de la Diputación Permanente que ejercerá funciones a partir de este viernes 1° de julio, la cual estará integrada por los diputados Omar Alberto Guillén Partida, presidente; Lisette López Godínez, vicepresidenta; Célida Teresa López Cárdenas, secretaria; José Luis Castillo Godínez y Carlos Alberto León García, suplentes. La Ley tiene como finalidad armonizar el marco constitucional local con las modificaciones realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción. Verificar la transparencia en la aplicación de los recursos, combatir la corrupción, revisión de cuentas públicas y, en su caso, una mejor administración y aplicación de la justicia, con independencia plena de injerencia del Poder Ejecutivo estatal, entre otros puntos, son los que plantea la Ley que da vida a dicho Sistema. El diputado David Homero Palafox Celaya, quien dio lectura al dictamen que se aprobó por unanimidad, expuso que el objetivo de esta reforma constitucional consiste en generar una coordinación más estrecha entre el Sistema Nacional Anticorrupción y la Fiscalía Estatal, impulsando la imparcialidad y la independencia de criterios de la autoridad investigadora y de la autoridad sancionadora. Agregó que de esta manera se logrará un impacto a largo plazo para disminuir la percepción inequívoca de la corrupción y mantenerla inminentemente como una práctica de la función gubernamental, a fin de crear una verdadera rendición de cuentas y atacar las múltiples causas que la originan. El Sistema Estatal Anticorrupción se integrará, como a nivel federal, por las instancias
administrativas y jurisdiccionales encargadas de la identificación, prevención, supervisión, investigación y sanción de hechos, no sólo del servidor público sino de los particulares que realicen o fomenten hechos conocidos o identificados como de corrupción en contra de la administración pública. Establece que toda persona que desempeñe empleo, cargo o comisión, de cualquier naturaleza, en la administración pública estatal o municipal, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los servidores públicos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, de los consejos distritales y municipales electorales, del Tribunal Estatal Electoral y del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, deberán presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial, fiscal y de interés. La Comisión Anticorrupción reconoció así que las normas destinadas al combate a la corrupción deben ser las idóneas que permitan elevar la calidad moral en la forma en que se ejercen las facultades de todo servidor público, y con la evolución de la Procuraduría General de Justicia del Estado a la Fiscalía General de Justicia del Estado, se le dota de personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía en su funcionamiento. Se adicionan las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y de anticorrupción, respectivamente, “lo cual permitirá que la sociedad sonorense recupere la confianza en su Ministerio Público y nos alejemos cada vez más de los altos niveles de impunidad que lesionan a los ciudadanos”, destaca el dictamen. El Fiscal General de Justicia del Estado será nombrado por el Gobernador del Estado dentro de los primeros treinta días del inicio de su administración o, en su caso, dentro de los primeros treinta días contados a partir de la salida, por cualquier circunstancia, de quien desempeñe dicho cargo. El nombramiento deberá ser ratificado por el Congreso del Estado, por votación de la mayoría simple. La Ley establece que el Sistema contará con un comité coordinador, que estará integrado por los titulares del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, de la Fiscalía Especializada Anticorrupción, de la Secretaría del Ejecutivo del Estado responsable del control interno, por el Presidente del Tribunal Contencioso Administrativo, tres diputados del Congreso del Estado, un representante del Consejo del Poder Judicial y otro del Comité de Participación Ciudadana. Las reformas constitucionales se enviarán a los 72
ayuntamientos para su aprobación y una vez que sean aprobadas por la mitad más uno, serán enviadas a publicación para su posterior entrada en vigor. En esta sesión ordinaria, el Pleno también aprobó el Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, con el objeto de establecer un mecanismo de suplencia para los titulares de las dependencias y se adecuan diversas facultades de las secretarías de Gobierno, de la Consejería Jurídica y de Desarrollo Social, para dotarlas de mayor funcionalidad y operatividad en el ejercicio de sus funciones. La diputada Karmen Aída Díaz Brown Ojeda dio lectura a la iniciativa presentada por los integrantes de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, en la que destaca que, en virtud de la entrada en vigor de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se estableció el Sistema Integral para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, el cual será coordinado por la Secretaría de Gobierno, lo que hacía necesario dotar de facultades a ésta para que lleve a cabo las tareas inherentes. En esta iniciativa se incluye que la titular del Poder Ejecutivo del Estado deberá someter a consideración del Congreso la ratificación del nombramiento del Fiscal General de Justicia y de los fiscales especiales, entre otras disposiciones. En el desarrollo de la sesión, por acuerdo de la mesa directiva, se resolvió enviar a publicación la Ley número 88 que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora y que tiene por objeto igualar los periodos de sesiones con los del Poder Legislativo Federal, leyó el diputado José Luis Castillo Godínez. De esta manera, el Primer Periodo de Sesiones se desarrollará del 1° de septiembre al 15 de diciembre y el Primer Periodo de Sesiones Extraordinarias donde funge la Diputación Permanente sería desde la culminación del anterior al día último de enero de cada año. El Segundo Periodo Ordinario iniciaría el 1° de febrero al día último de abril, y el Segundo Periodo Extraordinario que corresponde a la Diputación Permanente, iniciaría desde la culminación del anterior hasta el día último de agosto. En virtud de que ha sido aprobada por 51 ayuntamientos, la mesa directiva determinó enviar a publicación la Ley número 88 que reforma los artículos 35, 41 y 42, primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sonora, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora y entrará en vigor al día siguiente.