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Reconoce GI Peñoles deuda con ejidatarios de El Bajío por 65 mdd

herradura3De 350 millones de dólares…

El poderoso Grupo Industrial Peñoles se desentiende del pago por concepto de remediación ambiental y ecológica de la superficie que ilícitamente usufructuó por 16 años y reintegrar en favor de los campesinos ocho toneladas de oro y cuatro de plata, tal y como lo ordenó en sentencia un magistrado agrario. GIP argumenta que solo ocupo “irregularmente” 300 hectáreas y no las mil 800 sobre las que el Tribunal Unitario calculó la indemnización y que los abogados tasaron en 350 millones de dólares en favor de 72 socios ejidatarios.“Grupo Peñoles está sujeto a varias leyes y reglamentos que, en caso de determinarse incumplimiento de las mismas, podrían generar sanciones relacionadas con su actividad, así como por las posibles diferencias que pudieran surgir como resultado de las facultades de auditorías de las autoridades fiscales”, advierte Grupo Industrial Peñoles en su informe a socios y accionistas de todo el mundo, del que Dossier obtuvo copia fiel a través de peticiones a la Bolsa Mexicana de Valores.

Fernando Gutiérrez R. Dossier Politico
Dia de publicación: 2016-08-27

Por primera vez desde que inició el litigio por tierras en explotación minera ocupadas ilegalmente sobre suelo social, Grupo Industrial Peñoles admitió que su subsidiaria, Minera Penmont S.A, operadora de la mina La Herradura, de Caborca, Sonora (hoy en manos de Fresnillo S.A.B. DE cv) ocupó irregularmente solo 300 hectáreas del ejido El Bajío, y no las mil 800 sobre las que los apoderados del núcleo agrario cuantificaron la indemnización ordenada por un Tribunal Agrario, en no menos de 350 millones de dólares a favor de 72 ejidatarios.

Peñoles asegura que, tal y como lo ordenó en sentencia definitiva el Tribunal Agrario con sede en Hermosillo, fueron reintegradas al ejido El Bajío las tierras ocupadas por La Herradura en su anexo “Soledad-Dipolos”, quedando suspendido el proyecto en su totalidad, para lo cual invirtió 16 millones de dólares en labores de remediación y retiro de capital industrial.

El consorcio informa a sus socios que en un litigio independiente del que fue derrotado en el Tribunal Agrario, los apoderados del GIP lograrán desligarse de las tareas de remediación ambiental y ecológica del suelo ocupado producto del litigio primario, así como de la orden de reintegrar ocho toneladas de oro y cuatro de plata en favor del ejido ordenado mediante sentencia definitiva por el Tribunal Unitario Agrario número 28 con asiento en Hermosillo, Sonora.

En un informe especial dirigido a socios y accionistas de GIP con vigencia al 26 de junio de este año y cuya copia fiel obra en poder de Dossier al ser recabada a través de una investigación propia, con informes exclusivos aportados desde la Bolsa Mexicana de Valores, ante la negativa de Grupo Industrial Peñoles de proporcionarlos como reiteradamente se solicitó, el consorcio admite haber sido derrotado en el juicio en su contra radicado por ejidatarios ante el Tribunal Unitario Agrario.

Aclara que en el juicio original los miembros del ejido exigen una indemnización de 65 millones de dólares, y no la cantidad que actualmente han ventilado los abogados ejidales por 350 millones de dólares, toda vez que en este monto han incluido los costos de remediación del sitio ocupado en disputa y el precio por la reintegración de metales preciosos al suelo social.

Textualmente el informe establece:

“El Magistrado Agrario emitió una orden procesal en ejecución de la citada sentencia en que determinó, entre otras cosas, que Penmont debe remediar las tierras ocupadas al mismo estado que guardaban antes de su ocupación por Penmont.

En la opinión de la Compañía, esta orden procesal es excesiva dado que tal nivel de remediación no formó parte de la sentencia agraria original y también debido a que las actividades fueron llevadas al cabo conforme a concesiones mineras y permisos ambientales debidamente otorgados en su momento”.

Grupo Industrial Peñoles aclara en su informe a sus socios que además de la indemnización por 65 millones de dólares, los integrantes del ejido El Bajío presentaron demandas adicionales ante el Tribunal Unitario Agrario, alegando que Penmont ha usado de manera impropia la tierra en disputa, por lo que han demandado también la cancelación de las concesiones mineras y los permisos ambientales ubicados dentro de la tierra ejidal ocupada irregularmente.

“La titularidad de dichas concesiones y permisos es independiente de aquella sobre la tierra en disputa. Los actores no han presentado evidencia sustantiva para sostener su reclamo y la Compañía considera que dicho reclamo carece de fundamento. Cualquier sentencia judicial en este caso quedaría sujeta a un proceso de apelación ante tribunales distintos del Tribunal Unitario Agrario.

Considerando la falta de evidencia para sostener el reclamo por daños, se estima como improbable que se dé una sentencia adversa y definitiva en este rubro”, asegura Peñoles a sus socios y accionistas en el informe interno.

Peñoles indica que otros ejidatario han sumado a la demanda original sendos litigios en contra de convenios de ocupación celebrados por ellos con Penmont, que versan sobre parcelas distintas de las tierras arriba descritas.

Sobre esto, el GIP asegura que Penmont no tiene operaciones significativas en el área afectada por estas demandas ni tampoco interés geológico particular, por lo que dichas parcelas no se consideran estratégicas para Penmont.

Aun así, añade el informe, el Tribunal Unitario Agrario ha emitido sentencias declarando que:

1.- los convenios de ocupación sobre las parcelas son nulos; 2.- Penmont debe remediar las parcelas objeto de los convenios al mismo estado que guardaban antes de ser ocupadas por Penmont y devolver cualquier mineral extraído de tal área, y 3.- Penmont debe pagar renta para continuar ocupando las parcelas mientras que los actores deben reembolsar a Penmont por las cantidades recibidas por ellos con motivo de la celebración de los convenios anulados.

Luego establece:

“Estas sentencias también hacen referencia en el mismo contexto (incluyendo remediación y devolución de minerales) a la sentencia diversa involucrando Soledad-Dipolos arriba descrita.

Penmont ha apelado estas sentencias sobre las parcelas dado que es la dueña de las concesiones mineras y todas las actividades mineras se condujeron legalmente. El resultado final de este proceso de apelación continúa pendiente.

Una orden judicial adversa involucrando minerales en el área adonde se ubica Soledad-Dipolos quedaría sujeta a un proceso de apelación por separado, dado que se trata de un expediente judicial distinto según antes descrito.

Varias demandas y contrademandas se han presentado entre las partes en el asunto El Bajio, incluyendo apelaciones que continúan pendientes y denuncias penales. Existe incertidumbre significativa en torno a la conclusión y resultado final de estos procedimientos legales.

Grupo Peñoles está sujeto a varias leyes y reglamentos que, en caso de determinarse incumplimiento de las mismas, podrían generar sanciones relacionadas con su actividad por las posibles diferencias que pudieran surgir como resultado de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales”, establece Grupo Industrial Peñoles al finalizar su informe a socios y accionistas de todo el mundo.

http://www.dossierpolitico.com/vernoticias.php?artid=178708

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