¿Qué beneficios trae la Ley Nacional de Ejecución Penal?
A 100 días de vigencia, esta ley busca la transformación del sistema penitenciario y garantiza la protección de los derechos humanos de los internos
La Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP) constituye una parte fundamental para mejorar las condiciones de vida, garantizar el respeto a los derechos humanos y la dignificación de las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios.
Esta Ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 16 de junio de 2016, y se encuentra articulada bajo los siguientes ejes:
Aumentar el número de operativos de supervisión en los centros, con la finalidad de garantizar la gobernabilidad y disminuir la sobrepoblación en los penales
Mejorar la infraestructura penitenciaria
Fortalecer la estructura tecnológica de los centros
Consolidar la capacitación y profesionalización del personal penitenciario
Estandarizar los procesos y procedimientos del sistema penitenciario nacional
Desarrollar un sistema integral de reinserción social
Los objetivos de la LNEP son establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, y regular los medios para lograr la reinserción social.
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Para garantizar su cumplimiento, se implementó el Curso Nacional de Formadores sobre la Ley Nacional de Ejecución Penal, al cual acudieron 355 servidores públicos de 25 entidades de la República, así como personal de la Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad, de la Unidad de Policía Procesal y de los centros penitenciarios nacionales.
Asimismo, el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, mantiene reuniones con los responsables del sistema penitenciario en las distintas regiones del país, para supervisar los avances y cumplimiento de la Ley, entre otros aspectos que favorecen la transformación del sistema penitenciario.
