Pide Claudia Pavlovich revisar aumento desmedido de cuota carretera

La Federación investigaría las razones para el incremento en esta rúa que está concesionada al Gobierno de Sonora

Frente al desproporcionado aumento de más del 52% en menos de un año en la tarifa de peaje de la autopista Santa Ana-Altar, concesionada al Gobierno de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano presentó un exhorto en el Senado para que la Federación verifique las condiciones y razones para dicho incremento.

La senadora sonorense expuso que estos aumentos afectan al desarrollo de productores y habitantes del norte de Sonora, ampliándose dicha afectación al vecino estado de Baja California, por lo que es urgente se investigue al respecto.

Explicó que el año pasado se incrementó en un inicio de 61 a 64 pesos, después a 66 y, por último en agosto pasó de 66 a 93 pesos, lo que equivale a un aumento de 52% en menos de un año para transitar por apenas 73 kilómetros.

“Existe una gran inconformidad por este tema, la gente lo rechaza abiertamente, los residentes de los municipios de Santa Ana y Altar son los principales perjudicados, estamos calculando que resultan afectados más de 80 mil habitantes y muchas actividades productivas, las agrícolas y el turismo están padeciendo este problema de las tarifas desmedidas de peaje”, destacó la legisladora sonorense.

Pavlovich Arellano subrayó que el rechazo ha ocasionado que cientos de manifestantes tomen la caseta de cobro ubicada en el paraje “El Ocuca” por el duro golpe a la economía que representa el incremento, en lo que se calcula que más de 5 mil 600 vehículos de pasajeros y carga transitan diariamente por esa vía.

Agregó que conforme a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, el Gobierno de Sonora recibió autorización para contratar a un tercero para realizar trabajos de construcción y operación del tramo Santa Ana-Altar así como la modernización del tramo Altar-Pitiquito, de tal manera que es el gobierno estatal el único titular de los derechos de la concesión de ese tramo.

Puntualizó que en tanto que el Gobierno de Sonora es el titular acreditado, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el gobierno federal tiene la facultad de vigilar que se cumpla en concesiones y permisos y verificar, también, que los caminos cumplan con los aspectos técnicos y normativos y, dado el caso, resolver sobre la revocación o terminación de la autorización