@karinagarciaQB Cumple con su región y presenta punto de acuerdo

PRESENTA PUNTO DE ACUERDO SOBRE CASETA TRINCHERAS DIP. KARINA GARCIA GUTIERREZ

Hermosillo, Son. 20 de septiembre de 2012.- Las comisiones de dictamen legislativo y las de Vigilancia y de Administración, quedaron integradas conforme lo establece la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en sesión en la que se aprobaron otros tres acuerdos relativos al cobro de la caseta en la autopista Santa Ana-Altar, a la solicitud para que la PGR ejerza su atribución legal respecto del arma utilizada en el homicidio del diputado electo, Eduardo Castro Luque y a un exhorto al Director General del ISSSTE.

En la segunda sesión ordinaria de la LX Legislatura, el Orden del Día presentó en primer término una iniciativa de las diputadas Karina García Gutiérrez y Guadalupe Adela Gracia Benítez, para que este Poder Legislativo emita un atento exhorto al Ejecutivo del Estado, con el propósito de que aborde y dé solución a la problemática en torno al aumento del costo de la caseta de cobro de la autopista Santa Ana-Altar, cuyo costo anterior era de 66 pesos y hoy está en 93 pesos.

El Acuerdo también contiene otro exhorto al titular del Ejecutivo estatal, a efecto de que requiera a la empresa ZONALTA S.A. de C.V., la información necesaria para que informe a esta Soberanía de los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso que administra la concesión de la autopista Santa Ana-Altar, así como que dicha comisión haga entrega de todos los informes con relación a los aumentos de tarifa de la caseta de cobro de dicha autopista.

Al mismo Ejecutivo del Estado se le exhorta a que realice las acciones pertinentes orientadas a la creación de un programa de tarifa cero para los residentes del municipio de Trincheras, lugar de ubicación de la caseta, para que se implemente un programa permanente de descuento para todos los residentes de la región del Desierto del Altar y para la creación de un programa para la instalación de servicios a lo largo de la autopista.

Otros exhortos están dirigidos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a propuesta del diputado Carlos Ernesto Navarro López, al Acuerdo se le adicionó un punto en el sentido de que este Poder instruya a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, para que retome los exhortos, reclamos y pronunciamiento, en diferentes momentos y legislaturas, acerca de la existencia misma de las casetas, la ausencia de libramientos en algunos casos y los abusos en los incrementos de tarifas.

Otra adición la propuso el diputado Abel Murrieta Gutiérrez, a efecto de que el Congreso del Estado instruya a la Dirección General Jurídica de este Poder Legislativo, a que analice las violaciones legales o hechos que violen normatividad o Ley alguna, para que se les dé seguimiento con las acciones jurídicas correspondientes, y así evitar responsabilidades de esta Legislatura.

Aprueban acuerdos por unanimidad

El siguiente punto fue la iniciativa con punto de Acuerdo que, a nombre de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México, leyó el diputado Abraham Montijo Cervantes, para que esta Soberanía solicite a la Procuraduría General de la República, PGR, ejerza y cumpla con sus atribuciones legales, en torno al arma utilizada en el homicidio del diputado electo, Eduardo Enrique Castro Luque.

Expuso que para privar injustamente de la vida a esta persona se utilizó un arma de las reservadas para uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, regulada por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, por lo que derivado de lo establecido en diversas disposiciones de la referida norma federal, este tipo de arma tiene prohibida su posesión, portación y uso de los ciudadanos de la República Mexicana, salvo las excepciones que la misma Ley prevé.

Agregó que la posesión, portación y uso de un arma como las señaladas, le corresponde su investigación al representante social federal, por tratarse de la violación a una disposición federal y más cuando este tipo de armas son utilizadas para cometer una conducta que la Ley penal sanciona.

Para fundamentar la propuesta destacó el Artículo 10, segundo párrafo del Código Federal de Procedimientos Penales, los artículos 8, 11 y 83 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y el Artículo 4, fracción I de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

“En atención a lo anterior consideramos que la Procuraduría General de la República, en pleno uso de sus facultades legales, debe asumir su responsabilidad de actuar en este asunto, toda vez que conforme a las disposiciones invocadas, se viola una disposición legal federal y su participación será de gran ayuda para esclarecer el acto tan reprochable que nos ocupa”, establece el Acuerdo.

El tercer asunto aprobado fue la iniciativa presentada por los integrantes de la CRICP, en unión de los diputados del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo a efecto de que el Congreso del Estado de Sonora resuelva exhortar al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, así como al Delegado en el Estado de dicha institución, con el fin de que lleven a cabo las acciones legales necesarias para que se inicie la construcción de un nuevo hospital al Poniente de la ciudad de Hermosillo, Sonora.

A nombre de quienes firman la propuesta, el diputado Ismael Valdez López leyó ante el Pleno que debido al crecimiento constante de la población en el Estado, cada vez son más las demandas de los trabajadores de la Federación que requieren de servicios de seguridad social, especialmente servicios médicos que les permitan atender las contingencias de salud de sus familias.

Por ello se hace necesario el crecimiento de la infraestructura hospitalaria para los trabajadores del ámbito federal, mediante el establecimiento de nuevos y mejores hospitales, que presten un servicio de calidad al empleado y sus familiares. Actualmente en el Estado de Sonora existen 220 mil derechohabientes del ISSSTE, de los cuales 65 mil viven en la ciudad de Hermosillo, sostuvo.

“Para dar servicio, tanto a los pacientes radicados en nuestra capital como a todos los demás que son enviados por las 39 Unidades Médicas existentes en nuestra entidad, se cuenta con el Hospital ´Dr. Fernando Ocaranza´, mismo que opera en pésimas condiciones ya que cuenta con una antigüedad de 50 años y su capacidad fue rebasada desde hace algunos años, por la cantidad de derechohabientes antes mencionada.

El legislador agregó que la Presidencia colegiada de la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos, sección Sonora, hizo de su conocimiento que la Junta Directiva del ISSSTE, autorizó la construcción de un nuevo hospital al Poniente de Hermosillo, el cual contará con una capacidad de 140 camas, una plantilla laboral renovada y con las especialidades necesarias para satisfacer la demanda estatal, además se cuenta con un terreno donado por el Gobierno estatal.

Para estar en condiciones de concretar el proyecto de construcción del hospital deben satisfacerse algunos procedimientos y trámites legales, por lo que, si en el corto plazo no se realizan los trámites citados, se pondría en riesgo dicho proyecto, de ahí la importancia de hacer el llamado respectivo a las autoridades correspondientes, a fin de que impulsen el proyecto.

El último punto aprobado fue la iniciativa que presentaron los integrantes de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, con punto de Acuerdo mediante el cual se integran las comisiones de dictamen legislativo, de Vigilancia del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, y de Administración de esta LX Legislatura.

Los diputados Shirley Guadalupe Vázquez Romero y Humberto Jesús Robles Pompa, tuvieron a cargo la lectura del Acuerdo que establece 29 comisiones más la CRICP         , sobre la cual es preciso asentar que por disposición del Artículo 104 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ésta ejerce funciones desde el acto de toma de protesta de quienes integran la Legislatura, por lo que no resultó necesario incluirla en el resolutivo propuesto.